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Ex elemento de PGR aconseja a Márquez y a Julión

Entre uno de los consejos está el iniciar pronto su defensa.

El futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez pueden solicitar a la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos las razones detalladas por las que fueron vinculados a la organización del narcotraficante Raúl Flores Hernández.

Jorge Lara, ex subprocurador jurídico de Asuntos Internacionales de la PGR en el sexenio de Felipe Calderón, explicó en entrevista que los involucrados deben solicitar el derecho de audiencia en Estados Unidos, ya que prevalece la presunción de inocencia.

Explicó que la acusación que publicó el Departamento del Tesoro, significa un aviso para que nadie en Estados Unidos realice operaciones o negocios con las personas vinculadas a la organización Flores, las cuales dio a conocer en su investigación.

Aunque este aviso es considerado por la Secretaría de Hacienda y puede generar el cierre de cuentas de Márquez y de Álvarez en México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), los afectados pueden evitar acusaciones penales si inician un proceso de defensa en la OFAC.

“A lo mejor recibieron un depósito de la red (de narcotraficantes) por descuido, por negligencia, por incumplimiento a los controles antilavado, y eso no significa que sea lavado”, comentó Lara.

Sin embargo, expuso que los negocios operados por la red Flores, operan altos niveles de efectivo, como son los espectáculos, bares y casinos y el sector inmobiliario, lugares donde se eleva el riesgo de lavado de dinero.

El ex subprocurador reiteró que en la acusación no deben subestimarse los descuidos de todos los participantes de un negocios como son los gerentes, contadores, clientes, dueños y proveedores.

Sin embargo, esos descuidos pueden ser detectados tras el derecho de audiencia en EU.

Les espera un largo proceso

Si el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez quieren limpiar su nombre, van a tener que litigar en Washington DC, probablemente durante años y a un alto costo económico.

La justicia de los Estados Unidos tiene pocos precedentes sobre la aplicación de la Ley Kingpin o Ley de Cabecillas, por la cual Márquez y Álvarez fueron señalados como Personas Especialmente Designadas (PED) por su relación con el cartel de narcotráfico que encabeza Raúl Flores Hernández.

Pero los precedentes que existen son claros: por ley, las PED tienen que impugnar por vía administrativa ante la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, responsable de las designaciones.

“Las PED pueden buscar reconsideración administrativa de la designación”, para lo cual pueden proporcionar evidencia e incluso solicitar una reunión con OFAC, estableció la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia en 2015 en el caso Zevallos vs Obama, el más relevante hasta la fecha.

Fernando Zevallos, fundador de la aerolínea peruana Aero Continente, fue designado PED en 2004 por lavar 40 millones de dólares del narco, y la Corte de Apelaciones consideró legítimo que los bienes de estas personas sean bloqueados sin respetar el derecho de audiencia previa.

Promovida la reconsideración, OFAC debe entregar a la PED el expediente que sustentó la designación, pero suprimiendo toda la información que considere confidencial o reservada por afectar investigaciones en curso.

Si el primer recurso de reconsideración ante la OFAC es rechazado, las PED pueden seguir promoviendo nuevos recursos por tiempo indefinido, hasta lograr que las quiten de la lista, o pueden presentar una demanda judicial para invalidar la designación.

Esta demanda podría tomar años y tendría que ser litigada por un despacho de Washington especializado en derecho administrativo, con costo de cientos de dólares por hora de trabajo.

 

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